El pasado 20 de Agosto de 2008 la ciudad de Madrid se estremeció. El Aeropuerto de Barajas se convirtió en el escenario de una de las catástrofes más grandes de toda la historia de la aviación en España. Era poco más de las 02:30 PM, -hora local de Madrid- , cuando el vuelo JK5022, con destino al aeropuerto de Gando en la isla de Gran Canaria, sufría un gravísimo accidente. El drama ocurría en la pista 36 del aeropuerto internacional de la capital de España. El avión, un modelo MD-82 de la compañía Spanair, se había estrellado al realizar la maniobra de despegue. A bordo de la aeronave viajaban 166 pasajeros y 97 tripulantes. Inmediatamente saltó la alarma, el sistema de seguridad se puso en funcionamiento. El caos recorrió Barajas, Madrid recordó el tristemente 11-M y en Gran Canaria, lugar de destino de los pasajeros, sus familiares y amigos que aguardaban su llegada, comenzaban a preocuparse al recibir las primeras noticias. La incertidumbre se apoderó de Gando, todos en Gran Canaria hablaban de lo sucedido. Mientras en Madrid, bomberos, policías, sanitarios, protección civil,… se enfrentaban con todos sus conocimientos y fuerzas a un verdadero infierno, en Gando, Spanair fletaba un avión para trasladar a los familiares de las víctimas. En medio de todo ello, los profesionales de la información de este país se ponían manos a la obra y se preparaban para comunicarnos la crónica de una tragedia.
El afamado diario El País fue uno de los muchos medios que se volcaron con la noticia. Los profesionales de esa editorial realizaron desde el comienzo una ardua y laboriosa tarea de información. Sus artículos fueron dibujando poco a poco la tragedia. Eso sí, en sus páginas alternaron, una y otra vez, crónicas dignas de elogiar por cumplir a la perfección la función periodística, con artículos redactados de manera excesivamente sensacionalista. Entre los diferentes redactores encargados de cubrir la noticia, hubo quienes poco aportaron con sus crónicas, pues estas no añadieron nuevos datos ni aclararon más los ya publicados. Incluso hubo periodistas que se camuflaron, o quizás se confundieron, pero la realidad es que sus crónicas parecían más propias de un guión literario escrito para un film cinematográfico que un artículo fruto de una labor periodística. Por momentos, El País, al igual que otros medios, parecía alejarse del rigor y la seriedad que caracteriza a los medios escritos y recordaba a esas cadenas de televisión tan pobres en contenidos y caracterizadas por el tratamiento efectista de la información. Sin embargo, la labor de El País, aunque criticada por otros medios de comunicación, ha sido digna en su globalidad . Ahora bien, la primicia ofrecida por este diario que emitió (en su web) un vídeo con las imágenes del accidente filmado por las cámaras de AENA, provocó que el juez que lleva el caso, Juan Javier Pérez Pérez, exigiera al periódico la retirada del video de su web y la entrega de las copias de las que se dispusieran. Y ahí surge la pregunta inevitable de si esa censura sufrida por El País está justificada.
Boca cerrada, cállate, no has visto nada, no has visto bien.
Desde el comienzo, la cobertura informativa de esta noticia ha sido atípica, tal vez por la magnitud del suceso, pero seguramente, aún más por la ocultación de información de algunas de las partes implicadas y que contrastaba, de gran manera, con las filtraciones a la prensa de otros. El mismo día del accidente el juez solicitó que fueran prohibidas la difusión de imágenes de la catástrofe, incluso se requisaron los teléfonos móviles de las personas que actuaron en el lugar de los hechos socorriendo a las víctimas. Los medios de comunicación no podían acceder al lugar de los acontecimientos y no disponían por tanto, de imágenes nítidas y descriptivas. A esto se le unió el hecho de que los miembros de Spanair y también del Gobierno, escudados detrás de un escueto “antes de confirmar nada debemos estar seguros” , no informaron con claridad. La compañía aérea ni siquiera publicó la lista de pasajeros hasta haber sido presionados por Gobierno y familiares de las víctimas. Todo ello deparó que los periodistas pudieran saber qué y cuándo había pasado, dónde había ocurrido y a quien le había sucedido, pero no conocían las repuestas a las preguntas cómo y por qué. Tal vez fuera ese el motivo que propició que la información dada, en muchas ocasiones fuera estéril, repetitiva e innecesaria, por el simple hecho de no aportar nada nuevo. No debemos olvidar que el periodista debe llenar un espacio en el medio de comunicación para el que trabaja y que las catástrofes – la tragedia del 11-M por ejemplo- son especialmente rentables para esos medios, por supuesto, dicho desde el punto de vista de la audiencia..
Para mayor preocupación, algunas de las partes implicadas daban información que luego se veían en la obligación de rectificar ante las protestas de otras partes. Todo se complicó aún más cuando alguien filtró a la prensa el borrador del informe, algo que en principio era secreto y que ya estaba colgado en internet, incluso antes de que partes implicadas en el proceso pudieran haberlo visto. Afortunadamente, poco a poco, con la colaboración de expertos, testimonios de testigos y principalmente a las grabaciones registradas en una de las cajas negras se encontró repuesta al por qué: los flaps. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) amenazaba con disuadirse debido a las filtraciones y fue entonces cuando El País emitió en primicia el video del accidente grabado por las cámara de AENA. Debido a ello las dimisiones se sucedieron en la CIAIAC, la ministra de Fomento fue acusada en el parlamento de ser la persona que filtraba la información. El PP exigió la disolución inmediata de la comisión por falta de credibilidad y en medio de todo esto, el juez ordenó a la redacción de El País la entrega de las copias del video y prohibió su emisión. A todo ello, el periódico remitió al magistrado al artículo 20 de la Constitución y a pesar de entregar copia del vídeo continúo emitiéndolo.
El vídeo requerido por el juez, fue entregado a todos y cada uno de los medios de comunicación por medio del Ministerio de Fomento pocos días después del accidente. Con la difusión de las imágenes el Ministerio de Fomento pretendía desmentir unas manifestaciones de Spanair. La primera pregunta es porque se censura a este diario y no al resto que también han difundido las imágenes. La única respuesta que se me ocurre es que en el momento de dictar la orden, el juez desconocía que el video estuviera siendo emitido por otros medios de comunicación. Otra pregunta debería centrarse en la fuente que proporcionó el vídeo -también en el caso del borrador de investigación- y poner nombre y apellidos a quien lo filtró. Por último, la pregunta clave, la que encierra en sí otras preguntas, es decir, saber donde está el límite de una imagen, el umbral de dolor que soporta o conlleva una grabación filmada, qué vulnera y qué no vulnera la intimidad de víctimas y familiares.
Llegado este punto, uno se pregunta si las imágenes han sido obtenidas de forma ilícita y según la cúpula directiva de la editorial no ha sido así. Es más, el sr Moreno añade que “en nada puede interferir el desarrollo de la investigación judicial, por lo que la prohibición de su difusión constituye una injustificable restricción del derecho fundamental de información, rayana en la censura prohibida en el artículo 20, apartado 2 de la Constitución”. Yo no sabría decir con claridad donde está el listón para que una imagen pueda quebrantar la frontera de la intimidad, pero me pregunto porque este vídeo es prohibido y sin embargo, se continúan emitiendo las imágenes de los inmigrantes fallecidos que llegan a nuestras costas a bordo de un cayuco, o las imágenes de personas fallecidas en accidentes de tráfico,…
Un accidente de aviación de esta magnitud conlleva consigo la obligación de saber qué ha ocurrido con todo detalle, sólo así se pueden poner en marcha todas las medidas necesarias para evitar que se vuelva a repetir y la sociedad, los ciudadanos de toda democracia tienen derecho a la información, a conocer los detalles de lo ocurrido y las medidas tomadas. El periodista se debe a la ciudadanía y es su deber informarles. La ocultación de la información sólo contribuye a falsas conjeturas, a argumentos sin base, a sembrar dudas y por consiguiente, a una opinión errónea. Lo ocurrido con El País es claramente una censura injustificada, incluso me atrevería a decir que una discriminación, un ataque, si lo prefieren, a un medio de comunicación en concreto, pero también, al derecho a la información de la ciudadanía.
Perdonen por la extensión de este post, pero no he tenido tiempo de hacerlo más corto.
